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Presentación

La Autoridad Portuaria de Bilbao, como organismo integrante del Ente Público Puertos del Estado, tiene una serie de competencias y funciones delimitadas por Ley.

Entre sus principales competencias se encuentra la autorización, control y prestación de los servicios generales, así como la ordenación de la zona de servicio del puerto y los usos portuarios, en coordinación con las administraciones competentes. En la misma línea, es potestad de la Autoridad Portuaria, la planificación, construcción, y explotación de las obras y servicios del puerto, incluyendo la de las señales marítimas que tengan encomendadas.

Es también tarea de la Autoridad Portuaria la gestión del dominio público portuario, lo que implica la optimización de la gestión económica y la rentabilización de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico portuario. Cada vez más importante es la competencia sobre la gestión de los diferentes modos de transporte que conviven en el espacio portuario.

Funciones

La Autoridad Portuaria tiene encomendadas una serie de funciones que está obligada a llevar a cabo dentro de sus áreas de competencia. Dentro del apartado económico, las funciones de la Autoridad Portuaria pasan por la aprobación de los presupuestos de explotación y capital de la Autoridad Portuaria, y de las tarifas de los servicios comerciales que presten, así como el proceso de recaudación, tanto de éstas como de las tasas derivadas de concesiones y autorizaciones otorgadas. Del mismo modo la Autoridad Portuaria tiene potestad para decidir su propia participación en sociedades.

En el apartado de infraestructuras, la Autoridad Portuaria debe proceder al ordenamiento de los usos de la zona de servicio del Puerto, al desarrollo de su planeamiento general urbanístico y a la ejecución directa de sus obras de infraestructura, así como proceder a la concesión de autorizaciones de uso del dominio público portuario.

Dentro del área de operaciones y explotación, la Autoridad Portuaria debe desarrollar el proyecto de Reglamento general de servicio y policía de los puertos y aprobar sus correspondientes ordenanzas, siendo una de sus funciones la de controlar el cumplimiento de la normativa que afecte a la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas.